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Bonfatti presidirá en Santa Fe el acto inaugural del nuevo sistema procesal penal

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El gobernador Antonio Bonfatti encabezará hoy, a las 11, el acto de puesta en vigencia de la nueva Justicia penal, donde dará a conocer el decreto que establece como fecha de inicio el 10 de febrero de 2014, y designará a los fiscales y defensores que actuarán en el sistema. La ceremonia tendrá lugar en el Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe (San Martín 1540) y contará con la presencia de actores de todos los Poderes del Estado, además de los nuevos funcionarios designados.

Tras dar a conocer el decreto de puesta en vigencia de la nueva Justicia Penal, decisión que el gobernador ya había anunciado en septiembre pasado luego de una reunión con la Corte Suprema y el fiscal general de la provincia, Bonfatti designará a los 79 nuevos funcionarios del sistema. Se trata de fiscales y defensores que rindieron un concurso público previo y que ya cuentan con acuerdo de la Legislatura pues sus pliegos fueron aprobados en diferentes asambleas legislativas que se vienen llevando a cabo desde el 13 de septiembre de 2012.

Para poner en marcha este modelo diferente de enjuiciamiento penal fue necesario crear dos instituciones desde cero: el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), órganos autónomos y autárquicos, independientes entre sí y del resto de los órganos judiciales, aunque integran en sentido amplio dicho poder. Los fiscales que se designan el 11 de noviembre se desempeñarán en el MPA y los defensores en el SPPDP. Se trata de la primera camada de funcionarios que trabajarán bajo los lineamientos del modelo acusatorio, oral y público (el régimen anterior se denominaba inquisitivo y era secreto y escrito).

Estos nuevos funcionarios desempeñarán sus cargos en distintos distritos de la provincia: Rosario, San Lorenzo, Villa Constitución, Cañada de Gómez, Casilda, Venado Tuerto, Melincué, Santa Fe, San Jorge, San Javier, Tostado, Rafaela, Reconquista, Vera y San Cristóbal, explicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los fiscales van a dirigir la investigación, formular acusación, actuar en juicio y formular impugnaciones ante los tribunales correspondientes, en tanto los defensores vienen a garantizar el acceso real al derecho de defensa. Debe tenerse en cuenta que la defensa pública es subsidiaria, es decir si el imputado no quiere o no puede pagar un abogado defensor la provincia se lo provee. La regla sigue siendo que el imputado de cometer un delito elige a su defensor.

UN CAMBIO HISTÓRICO

El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado a finales de 2007 y empezó a regir en parte (parcialmente) el 14 de febrero de 2009. Esto quiere decir que su implementación fue progresiva y por materia, de acuerdo a una ley que había sancionado la Legislatura en 2008. En concreto, entraron en vigencia institutos previstos en el nuevo Código que eran factibles de funcionar con las actuales estructuras, como las cuestiones vinculadas al principio de oportunidad, la querella y la asistencia a la víctima. Cada paso que se dio hacia el nuevo sistema de enjuiciamiento representó un avance en términos de poder. A partir del 10 de febrero de 2014, la implementación será total, definitiva y en toda la provincia.

“Se trata de un cambio histórico que contribuye a una mayor calidad institucional porque implica participación, publicidad, agilidad y transparencia”, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fue órgano de implementación de la reforma desde sus inicios. El nuevo sistema implica diferentes lógicas de pensamiento, rutinas y circuitos de trabajo ya que el modelo acusatorio se basa en audiencias orales a las que pueden acceder todas las partes, los periodistas y la ciudadanía en general.

“La víctima de un delito es escuchada, respetada y atendida, deja de tener un papel pasivo y se vuelve partícipe de todo el proceso. Las víctimas reciben asistencia integral e interdisciplinaria, contención, respuesta, y pueden querellar”, agregaron desde el Ministerio.

Los jueces ya no se ocuparán de cuestiones administrativas sino que se dedicarán a su función específica: tomar decisiones en el marco de una audiencia. Las tareas administrativas y organizativas estarán a cargo de la Oficina de Gestión Judicial, en manos de especialistas en la materia. Este principio de separación de funciones hace que la Justicia sea más ágil, cercana y eficiente.

Otra novedad del nuevo sistema es que contempla la posibilidad de acudir a soluciones alternativas a la pena, tales como los acuerdos reparatorios que pueden lograrse a través de la mediación penal.

“De esta manera, la justicia santafesina se pone a tono con las exigencias de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. También significa una reparación histórica, pues pone al día a la provincia en materia procesal penal tras años de atraso, y satisface el anhelo de amplios sectores de la población que luchan por una justicia más accesible, especialmente para los más vulnerables”, concluyeron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.